La Ministra de Obras y Servicios Públicos de la Provincia, Gabriela Castillo, se refirió a la propuesta de sectores de la oposición a nivel nacional de eliminar la obra pública para pasar a un esquema de iniciativa privada. En ese sentido, sostuvo que “uno escucha esto con mucha preocupación, porque uno entiende que el modelo de la política es dar respuestas a esas necesidades que son públicas. Cuando se tira a la basura la existencia de un ministerio, en realidad no es un problema de funcionarios, es un problema de las políticas públicas que se tiran a la basura. Esas políticas públicas que llevamos adelante en la construcción de obra pública construyen sueños y dan respuestas a necesidades de los vecinos. Entonces, decir no más obra pública, quiere decir que no construimos más escuelas, no construimos más hospitales, no construimos centros para la primera infancia y los cuidados, no construimos gimnasios, no construimos redes de agua y cloaca para conectar a los vecinos, ni redes de gas, ni redes troncales de acueductos, ni plantas potabilizadoras, ni plantas de tratamiento como estamos construyendo hoy”.
Política18/09/2023
Shelknamsur
“Ahí es cuando uno ve para qué sirve el Estado y cuales son las respuestas que da a las necesidades de la comunidad. Cuando contrato empresa y construyo un centro maternal, como es el caso de los centros de desarrollo infantil, lo que estoy diciendo es voy a acompañar una política de cuidado para que muchas mamás y papás puedan salir a trabajar. Cuando construimos un gimnasio, decimos acompañamos políticas públicas para que niños, jóvenes, adultos, adultos mayores lleven adelante una actividad deportiva”, resaltó.
Asimismo Castillo expresó que “es fácil entender que va a haber una empresa que tiene dinero y va a decir, yo te propongo hacer esta obra y financiarla, pero, ¿será una autopista? ¿Será un puerto comercial? ¿Será un eslabón que tenga un recupero que le permita solventar la obra? Yo me pregunto, ¿encontraremos empresas que puedan llevar adelante la regularización de los barrios no formales y llevar los servicios? Precisamente ahí radica parte de la discusión. ¿Qué obras después retornan recursos al Estado si las hace el Estado? Por ejemplo, una autopista se la cobrará con el peaje, que es un poco lo que se piensa. Y alguna planta potabilizadora entrará con las tarifas. Ahora, hay un montón de obras vinculadas a lo social que no están medidas en recursos. La Casa de la Alegría en Río Grande, por ejemplo, las conexiones intradomiciliarias de gas para que los vecinos tengan el servicio. Bueno, eso está borrado por completo”.
“Incluso si pensamos en grandes obras de infraestructura que llevan mucho tiempo y trascienden gestiones, el rol del Estado es garantía de poder llevar adelante servicios públicos que son esenciales. También se corre el riesgo de cartelización de la obra pública, teniendo en cuenta que no todas las empresas están en condiciones de hacer obras de infraestructura realmente importantes. Ahí desaparecen un montón de empresas, las empresas familiares, las cooperativas de trabajo, las empresas medianas no van a entrar en una licitación público-privada”, consideró.
Finalmente, la funcionaria subrayó que “hay una realidad también de estos cuatro años en donde se inauguraron ya cuatro mil obras en la Argentina, en donde hay obras en la totalidad de municipios del país. Esa mirada federal de llevar obras a todos los rincones del país no tiene lugar en esta nueva propuesta. ¿Quién va a venir a invertir en una iniciativa público-privada en una pequeña población, en un paraje, en un pueblito? Hoy el Estado llega para garantizar los servicios que necesita ese lugar”.
“Hablar de la obra pública es hablar de trabajo, es hablar de sueños, es hablar de las respuestas que se dan a las necesidades genuinas de los vecinos”, concluyó.
El aviso ARA Bahía Agradable zarpó desde la Base Naval Ushuaia para asumir el control de la fase “Charlie” de la operación binacional que la Argentina desarrolla junto a Chile en aguas antárticas, con foco en la seguridad de la navegación, la asistencia humanitaria y la protección ambiental.
El empresario turístico y presidente de la Federación de Cámaras de Turismo de la República Argentina, Ángel Brisighelli, se refirió a la intervención del Puerto de Ushuaia y cuestionó el corte que el gremio ATE mantiene sobre la avenida Garramuño, una de las principales vías de acceso a la zona portuaria.
La intervención dispuesta por el Estado nacional sobre el Puerto de Ushuaia no implica la disolución del ente portuario provincial ni la remoción de su estructura formal. Tampoco supone despidos, ni alteraciones en la estabilidad laboral del personal de planta permanente. Sin embargo, sí introduce un cambio central: la conducción operativa deja de estar en manos del Ejecutivo provincial y pasa a depender de decisiones nacionales.
Los registros epidemiológicos de Tierra del Fuego muestran que los casos de sífilis vienen en aumento de manera constante en los últimos años, con una mayor concentración de diagnósticos entre jóvenes y adultos, especialmente en personas de entre 15 y 39 años.
El Ministerio de Salud de la Provincia avanzó con una nueva etapa en el proceso de modernización del sistema público sanitario al concretar la incorporación de un mamógrafo digital de última generación y un seriógrafo de alta complejidad para el Hospital Regional Río Grande. La iniciativa forma parte de una política sostenida de renovación integral del equipamiento de diagnóstico por imágenes en toda la red provincial.
En un intento por ordenar el frente político y administrativo tras la renuncia en bloque del equipo económico, el gobernador Gustavo Melella designó al contador Alejandro Barrozo como nuevo ministro de Economía, en reemplazo de Francisco Devita. Del acto de asunción participó también el ministro Jefe de Gabinete, Jorge Canals.
Ropa inadecuada, falta de preparación física, salidas sin planificación y la confianza en que siempre habrá alguien para salir a buscar. Entre 2024 y 2025, y con operativos que ya se repiten en el inicio de 2026, el Estado fueguino destinó más de 600 mil dólares a tareas de búsqueda y rescate en la montaña. Intervenciones que, cuando no hay seguro ni cobertura médica, se financian con recursos públicos. Frente a ese escenario, debería ser obligatorio que en cada inicio de sendero se informe el costo estimado de un rescate, qué implica salir sin preparación física o con la ropa inadecuada y cuánto cuesta cada operativo según el nivel de dificultad. Un dato básico que hoy no aparece y que terminan pagando todos los fueguinos.
La Municipalidad de Ushuaia avanza con una serie de intervenciones de obra pública, mantenimiento y puesta en valor de espacios urbanos en distintos puntos de la ciudad, en el marco de un plan integral orientado a mejorar la infraestructura y las condiciones de uso de los espacios públicos.
El Gobierno nacional oficializó una modificación clave en el esquema del Fondo para la Ampliación de la Matriz Productiva Fueguina (FAMP-Fueguina) que, en los hechos, permite a las empresas radicadas en Tierra del Fuego reducir total o parcialmente —incluso hasta llevar a cero— sus aportes obligatorios. La decisión quedó plasmada en una resolución publicada en el Boletín Oficial y vuelve a tensionar el delicado equilibrio entre promoción industrial, empleo y reconversión productiva.
El apalancamiento es la razón número 1 por la que los principiantes ganan (o pierden) dinero muy rápido. Es literalmente la herramienta más poderosa que tienes… y también la que más cuentas destruye en 2026.
En los primeros minutos de la madrugada de este miércoles, el Gobierno nacional formalizó la intervención del Puerto de Ushuaia. La decisión se produjo luego de un prolongado período en el que el Gobierno provincial negó y desacreditó toda información vinculada a una posible intervención, a la que calificó como malintencionada. Sin embargo, el puerto terminó bajo control nacional en un contexto marcado por graves desvíos de fondos, montos millonarios sin destino conocido, años de falta de inversión y serias fallas estructurales en el muelle.
La intervención del Puerto de Ushuaia no irrumpe en el vacío. Llega después de meses de advertencias, de información publicada y de desmentidas oficiales que hoy quedaron desmentidas por los hechos. No se trata de una sorpresa ni de una lectura ex post: es la consecuencia lógica de gobernar administrando crisis, sin resolverlas. Durante meses, el Gobierno provincial negó de plano cualquier posibilidad de intervención. La información fue desacreditada, minimizada, presentada como malintencionada. Sin embargo, el problema no era el mensaje sino la realidad que describía. Negar no ordena; solo patea el conflicto. Y los conflictos pateados, tarde o temprano, vuelven con mayor impacto.
Los registros epidemiológicos de Tierra del Fuego muestran que los casos de sífilis vienen en aumento de manera constante en los últimos años, con una mayor concentración de diagnósticos entre jóvenes y adultos, especialmente en personas de entre 15 y 39 años.
La intervención dispuesta por el Estado nacional sobre el Puerto de Ushuaia no implica la disolución del ente portuario provincial ni la remoción de su estructura formal. Tampoco supone despidos, ni alteraciones en la estabilidad laboral del personal de planta permanente. Sin embargo, sí introduce un cambio central: la conducción operativa deja de estar en manos del Ejecutivo provincial y pasa a depender de decisiones nacionales.
El empresario turístico y presidente de la Federación de Cámaras de Turismo de la República Argentina, Ángel Brisighelli, se refirió a la intervención del Puerto de Ushuaia y cuestionó el corte que el gremio ATE mantiene sobre la avenida Garramuño, una de las principales vías de acceso a la zona portuaria.
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