La subsecretaria de Juventudes de la Provincia, Ivana Olariaga, participó este jueves en San Juan de la sesión del Consejo Federal de Juventudes, en la que se presentó a las nuevas autoridades del organismo y los lineamientos de acción de la gestión.
Nacionales01/10/2022
Shelknamsur
“Por tercera vez estamos presentes en una nueva sesión del Consejo Federal de Juventudes, donde hemos logrado consolidar acciones que atiendan y den respuestas a las principales demandas de las Juventudes Fueguinas”, señaló Olariaga.
El Consejo Federal de Juventudes tiene como objetivo colaborar con el diseño y coordinación de las políticas de juventudes de las diferentes jurisdicciones del país a través de diferentes ejes de trabajo como la Encuesta Nacional de Juventudes, una herramienta que servirá para actualizar la información pública disponible y conocer de manera precisa la situación de las juventudes y las problemáticas que las y los atraviesan.
La Subsecretaria de Juventudes, señaló que “hemos garantizado luego de este Consejo, la posibilidad de sistematizar a nivel nacional y con apoyo del INDEC, datos certeros sobre la población joven lo cual nos brindará un nuevo eje de trabajo”.
En ese sentido, Olariaga opinó que “es fundamental segmentar las políticas públicas, teniendo en cuenta que la posibilidad de abordaje de demandas de las juventudes, deben enfocarse no solo en un rango etario sino también en orientarlas logrando generar un impacto real en las trayectorias jóvenes”.
En este aspecto el INJUVE confeccionará, conjuntamente con las provincias, una metodología de relevamiento, profundizando la articulación entre organismos provinciales que producen datos relativos a juventudes.
Los ejes de la sesión del Consejo fueron, además de lo relativo a la Encuesta Nacional de Juventudes, Salud Mental, Orientación Vocacional, Empleo Joven y Proyectos Productivos y la conmemoración de los 40 años de Democracia en Argentina.
En relación al abordaje de la Salud Mental, Ivana Olariaga dijo que “es una problemática que nos preocupa mucho en nuestra provincia, y hemos logrado pautar una agenda con el Ministerio de Salud de la Nación y las áreas que abordan esta problemática, donde comenzaremos con un mapeo Federal de los centros de atención de Salud Mental y profesionales por provincias, que facilite el acceso a la información, y garantice nuevas líneas de comunicación para acompañar a las juventudes en esta problemática”.
Por último la representante fueguina subrayó “que estos espacios, del que participamos por tercera vez, no sólo ponen en valor las áreas de Juventudes, sino que también dan la posibilidad de pautar nuevas estrategias de abordaje en conjunto con cada una de las provincias”.
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La intervención dispuesta por el Estado nacional sobre el Puerto de Ushuaia no implica la disolución del ente portuario provincial ni la remoción de su estructura formal. Tampoco supone despidos, ni alteraciones en la estabilidad laboral del personal de planta permanente. Sin embargo, sí introduce un cambio central: la conducción operativa deja de estar en manos del Ejecutivo provincial y pasa a depender de decisiones nacionales.
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La intervención del Puerto de Ushuaia no irrumpe en el vacío. Llega después de meses de advertencias, de información publicada y de desmentidas oficiales que hoy quedaron desmentidas por los hechos. No se trata de una sorpresa ni de una lectura ex post: es la consecuencia lógica de gobernar administrando crisis, sin resolverlas. Durante meses, el Gobierno provincial negó de plano cualquier posibilidad de intervención. La información fue desacreditada, minimizada, presentada como malintencionada. Sin embargo, el problema no era el mensaje sino la realidad que describía. Negar no ordena; solo patea el conflicto. Y los conflictos pateados, tarde o temprano, vuelven con mayor impacto.
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En los primeros minutos de la madrugada de este miércoles, el Gobierno nacional formalizó la intervención del Puerto de Ushuaia. La decisión se produjo luego de un prolongado período en el que el Gobierno provincial negó y desacreditó toda información vinculada a una posible intervención, a la que calificó como malintencionada. Sin embargo, el puerto terminó bajo control nacional en un contexto marcado por graves desvíos de fondos, montos millonarios sin destino conocido, años de falta de inversión y serias fallas estructurales en el muelle.
La intervención del Puerto de Ushuaia no irrumpe en el vacío. Llega después de meses de advertencias, de información publicada y de desmentidas oficiales que hoy quedaron desmentidas por los hechos. No se trata de una sorpresa ni de una lectura ex post: es la consecuencia lógica de gobernar administrando crisis, sin resolverlas. Durante meses, el Gobierno provincial negó de plano cualquier posibilidad de intervención. La información fue desacreditada, minimizada, presentada como malintencionada. Sin embargo, el problema no era el mensaje sino la realidad que describía. Negar no ordena; solo patea el conflicto. Y los conflictos pateados, tarde o temprano, vuelven con mayor impacto.
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