En relación a la propuesta de readecuación de los fondos destinados a subsidio de los cuarteles de Bomberos de la provincia, la Ministra de Gobierno, Justicia y Derechos Humanos, Adriana Chapperón, explicó que “el articulo 30 del proyecto de Presupuesto 2023 es una propuesta que hace el Poder Ejecutivo hacia la Legislatura, que es donde finalmente se define lo que se aprueba y lo que no”.
Política24/09/2022
Shelknamsur
A continuación, la funcionaria detalló que “el Ministerio de Gobierno, Justicia y Derechos Humanos cuenta con un presupuesto total de 627 millones de pesos para el año 2023, y tenemos a cargo la Policía de la provincia, el Servicio Penitenciario, Defensa civil, la cual tiene a su cargo los Bomberos, Seguridad Vial, la Secretaría de Justicia, Derechos Humanos, Pueblos Originarios. Es un Ministerio muy amplio”.
En ese sentido Chapperón, explicó que “la solicitud de reducción del fondo para los bomberos voluntarios se pide sobre lo que plantea la ley 1250 que es el 1.5% de los ingresos brutos de la provincia, esta situación viene ocurriendo desde el presupuesto 2018, ese año fue del 50% y luego se repitió porque se recondujeron los presupuestos, hasta el año pasado que la reducción fue del 30%”.
Y agregó que “nosotros entendemos las necesidades que los bomberos plantean, pero no podemos apartarnos de lo que es el presupuesto general de la provincia.
Asimismo, la ministra aclaró que “el 1.5% de los Ingresos Brutos de la provincia para el 2023 representarían 317 millones de pesos, y en comparación con por ejemplo la Policía, lo presupuestado sólo para su funcionamiento es de 318 millones”, y agregó: “es decir, la mitad del Presupuesto estaría solamente abocado a los Bomberos de la provincia, otro ejemplo es el de Protección Civil que está proyectado un gasto total de 65 millones para atender todo lo relacionado con la emergencia de la provincia”.
Asimismo, la ministra declaró que “actualmente los cuarteles no sólo cuentan con el subsidio provincial, sino que tanto los cuarteles de Ushuaia y Tolhuin reciben un fondo por parte de la Dirección Provincial de Energía y los de Río Grande lo hacen por parte de la Cooperativa, como así también cuentan con apoyo económico por parte de los municipios”.
“Desde que comenzamos la gestión nuestro objetivo fue ordenar los pagos, que cobren en tiempo y forma todos los cuarteles, y gracias al manual de rendiciones y luego de un arduo trabajo hemos logrado regularizarlo y al día de hoy todos los cuarteles cobran todos los meses, situación que antes no pasaba”, enfatizó Chapperón.
La ministra aclaró que “además la readecuación de fondos se invierte en seguridad para la provincia, como es la adquisición de software y hardware para activar el servicio de emergencias 911, o con la compra de materiales para los bomberos de policía en Río Grande como lo hicimos con los equipos estructurales y diversas herramientas para combatir la emergencia de manera más eficaz”.
El Municipio de Río Grande puso en marcha el reempadronamiento del Programa Alimentario Municipal (PAM), un proceso que apunta a actualizar la información de quienes reciben el beneficio y a reforzar los criterios de control y asignación. El trámite se realizará del 5 al 23 de enero de 2026 y será obligatorio para continuar dentro del programa.
Mientras el Gobierno provincial insiste en que no existe una intervención administrativa formal en el Puerto de Ushuaia, en los expedientes se acumulan inspecciones, observaciones técnicas y actuaciones que se intensificaron durante el cierre de 2025. Los controles nacionales avanzan en paralelo a la revisión del destino de millones de pesos y dólares invertidos en la terminal, en un escenario que dentro del propio sistema portuario ya se lee como el preludio de una intervención que, aunque aún no fue firmada, todos saben que está en camino.
Después de años de debate y de una práctica que avanzó por fuera del marco legal, el Concejo Deliberante de Ushuaia aprobó este viernes la ordenanza que habilita y regula el transporte privado de pasajeros mediante plataformas digitales, con Uber como caso concreto en la ciudad. La iniciativa fue impulsada por la concejal Marjorette Saldías, del bloque La Libertad Avanza, y logró el acompañamiento de la mayoría del cuerpo legislativo.
Mientras el Gobierno provincial insiste en que no existe una intervención administrativa formal en el Puerto de Ushuaia, en los expedientes se acumulan inspecciones, observaciones técnicas y actuaciones que se intensificaron durante el cierre de 2025. Los controles nacionales avanzan en paralelo a la revisión del destino de millones de pesos y dólares invertidos en la terminal, en un escenario que dentro del propio sistema portuario ya se lee como el preludio de una intervención que, aunque aún no fue firmada, todos saben que está en camino.
La decisión del Gobierno nacional de intervenir el Puerto de Ushuaia por el plazo de 12 meses no es un hecho aislado ni una medida caprichosa. Por el contrario, expone con crudeza el desgaste de la administración provincial encabezada por Gustavo Melella, que llega a este punto tras años de advertencias, promesas incumplidas y una conducción portuaria cuestionada por su falta de previsión e inversión.
En medio de un escenario económico marcado por tasas elevadas y mayores restricciones al financiamiento, el Banco de Tierra del Fuego (BTF) anunció un paquete de medidas orientadas a descomprimir la situación financiera de individuos y familias de la provincia. La iniciativa apunta a ordenar deudas, extender plazos y mejorar condiciones crediticias, con especial foco en quienes hoy enfrentan mayores dificultades para sostener sus compromisos.
La Municipalidad de Ushuaia reiteró a la comunidad que continúa plenamente vigente la Ordenanza N.º 971, que prohíbe de manera expresa la tenencia, fabricación, comercialización, depósito, venta y uso de todo tipo de pirotecnia y cohetería en el ejido urbano, tanto en operaciones mayoristas como minoristas, independientemente de que se trate de productos de venta libre o de fabricación autorizada.
El intendente de Río Grande, Martín Perez, expresó un enérgico rechazo a las declaraciones del presidente Javier Milei realizadas al diario británico The Telegraph, donde sostuvo que las Islas Malvinas “tienen que ser argentinas cuando los isleños lo deseen”. Para el jefe comunal, se trata de un posicionamiento “grave desde lo político, lo jurídico y lo histórico”, que erosiona una de las políticas de Estado más sensibles y consensuadas de la Argentina.
Con recursos propios y una planificación sostenida en el tiempo, el Municipio de Río Grande continúa ejecutando trabajos de hormigonado y mantenimiento vial en diferentes puntos estratégicos de la ciudad, con el objetivo de mejorar la circulación y fortalecer la seguridad de vecinos y vecinas.
El intendente de Río Grande, Martín Perez, expresó su profundo pesar por el fallecimiento de Esteban “Chiquito” Martínez, a quien definió como “el intendente más transformador de la historia de nuestra ciudad”, al tiempo que puso en valor un legado político, social e institucional que marcó un antes y un después en el desarrollo de la comunidad riograndense.
En las últimas semanas, autoridades provinciales y guías de montaña advirtieron sobre el estado de inestabilidad del Glaciar Ojo del Albino, donde se registraron grietas, fisuras y desprendimientos de hielo. El recorrido requiere una buena preparación física y tener en cuenta las adversidades climáticas que presenta este verano en Tierra del Fuego, con viento, lluvia, agua-nieve y bajas temperaturas. El recorrido hasta el sector es una travesía de montaña de dificultad nivel 4 (difícil), con una distancia aproximada de 17 kilómetros ida y vuelta.
La decisión del Gobierno nacional de intervenir el Puerto de Ushuaia por el plazo de 12 meses no es un hecho aislado ni una medida caprichosa. Por el contrario, expone con crudeza el desgaste de la administración provincial encabezada por Gustavo Melella, que llega a este punto tras años de advertencias, promesas incumplidas y una conducción portuaria cuestionada por su falta de previsión e inversión.
Después de años de debate y de una práctica que avanzó por fuera del marco legal, el Concejo Deliberante de Ushuaia aprobó este viernes la ordenanza que habilita y regula el transporte privado de pasajeros mediante plataformas digitales, con Uber como caso concreto en la ciudad. La iniciativa fue impulsada por la concejal Marjorette Saldías, del bloque La Libertad Avanza, y logró el acompañamiento de la mayoría del cuerpo legislativo.
Mientras el Gobierno provincial insiste en que no existe una intervención administrativa formal en el Puerto de Ushuaia, en los expedientes se acumulan inspecciones, observaciones técnicas y actuaciones que se intensificaron durante el cierre de 2025. Los controles nacionales avanzan en paralelo a la revisión del destino de millones de pesos y dólares invertidos en la terminal, en un escenario que dentro del propio sistema portuario ya se lee como el preludio de una intervención que, aunque aún no fue firmada, todos saben que está en camino.
El Municipio de Río Grande puso en marcha el reempadronamiento del Programa Alimentario Municipal (PAM), un proceso que apunta a actualizar la información de quienes reciben el beneficio y a reforzar los criterios de control y asignación. El trámite se realizará del 5 al 23 de enero de 2026 y será obligatorio para continuar dentro del programa.