Ante todo no podemos negar que el sector privado atraviesa una situación económica difícil producto de las restricciones con las que funcionó los últimos meses. Sin lugar a duda la crisis que atravesamos, en Tierra del Fuego, en Argentina y en el mundo, afectará gran parte del engranaje socioeconómico y el aparato productivo. Pero las decisiones políticas, para ser eficaces, deben contemplar no sólo premisas de lo que se pretende hacer sino un marco de sanciones con una estructura de incentivos que desaliente el incumplimiento de la normativa. Lo que podríamos decir, en otras palabras, el ABC de cualquier sistema jurídico coherente que se precie de tal.

 No obstante lo dicho, resulta de obviedad insistir en la necesidad de asumir medidas que no sólo busquen morigerar el impacto de una eventual crisis sanitaria, sino que también interpele a los distintos actores sociales a cumplir con dichas medidas que busquen minimizar los efectos de una crisis que nadie busca. Existe información a través de partes epidemiológicos; existe un Comité Operativo de Emergencia con preeminencia médico sanitarista; existen contactos entre equipos técnicos sanitarios de la provincia y los municipios; pero falta lo más importante, y es que las medidas cuyo cumplimiento se pretende generar efectivamente motiven a su acatamiento por parte de la población.