El concejal Silvio Bocchicchio incorporó la figura del pacto de retroventa a la ordenanza que establece una nueva metodología de puntaje para la adjudicación de terrenos públicos y del cálculo del valor de venta.
Ushuaia05/06/2016
Shelknamsur
Durante el debate del pasado viernes, Bocchicchio mocionó la incorporación del pacto de retroventa, el cual “permitirá al Municipio recuperar predios municipales, fracciones fiscales o unidades habitacionales aplicando esta figura jurídica establecida en el Código Civil de la nación, incorporándola a los decretos de adjudicación y a las escrituras traslativas de dominio”.
En esta línea el edil explicó que “la prioridad de compra en favor del Municipio sobre un predio fiscal adjudicado en venta será por un plazo de cinco años contado a partir del día de escrituración, porque antes de esa fecha la prohibición de venta rige por la normativa vigente”.
“De este modo reduciremos la especulación sobre aquellos adjudicatarios que buscan un lucro con la tierra que el estado destina a la demanda social. En los primeros cinco años que quiera vender la propiedad o el terreno la Municipalidad tendrá la prioridad” destacó el concejal.
En este sentido, Bocchicchio señaló que “con las ordenanzas actuales se han producido situaciones de desequilibrio en el acceso a la tierra, como así también una serie de contradicciones que habilitan la especulación económica o financiera con los predios que fueron entregados con carácter social”.
“Para esta incorporación consideramos lo estipulado en el Código Civil en su artículo 1163, a través del cual el vendedor se reserva el derecho de recuperar la cosa vendida y entregada al comprador contra restitución de precio, con el exceso o disminución convenidos”, aseguró.
Cabe destacar que Bocchicchio había presentado un proyecto para una ordenanza específica que introducía modificaciones a la normativa vigente, motivo por el cual decidió que “este era el mejor escenario para plasmar el pacto de retroventa y propender a reducir las especulaciones con la tierra que es de todos”.
La ordenanza enviada por el Ejecutivo Municipal, contó con los votos afirmativos de los concejales Silvio Bocchicchio, Juan Carlos Pino, Gastón Ayala y Hugo Romero; mientras que por la negativa votaron Juan Manuel Romano, Ricardo Garramuño y Tomás Bertotto.
El empresario turístico y presidente de la Federación de Cámaras de Turismo de la República Argentina, Ángel Brisighelli, se refirió a la intervención del Puerto de Ushuaia y cuestionó el corte que el gremio ATE mantiene sobre la avenida Garramuño, una de las principales vías de acceso a la zona portuaria.
La intervención dispuesta por el Estado nacional sobre el Puerto de Ushuaia no implica la disolución del ente portuario provincial ni la remoción de su estructura formal. Tampoco supone despidos, ni alteraciones en la estabilidad laboral del personal de planta permanente. Sin embargo, sí introduce un cambio central: la conducción operativa deja de estar en manos del Ejecutivo provincial y pasa a depender de decisiones nacionales.
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La intervención del Puerto de Ushuaia no irrumpe en el vacío. Llega después de meses de advertencias, de información publicada y de desmentidas oficiales que hoy quedaron desmentidas por los hechos. No se trata de una sorpresa ni de una lectura ex post: es la consecuencia lógica de gobernar administrando crisis, sin resolverlas. Durante meses, el Gobierno provincial negó de plano cualquier posibilidad de intervención. La información fue desacreditada, minimizada, presentada como malintencionada. Sin embargo, el problema no era el mensaje sino la realidad que describía. Negar no ordena; solo patea el conflicto. Y los conflictos pateados, tarde o temprano, vuelven con mayor impacto.
En los primeros minutos de la madrugada de este miércoles, el Gobierno nacional formalizó la intervención del Puerto de Ushuaia. La decisión se produjo luego de un prolongado período en el que el Gobierno provincial negó y desacreditó toda información vinculada a una posible intervención, a la que calificó como malintencionada. Sin embargo, el puerto terminó bajo control nacional en un contexto marcado por graves desvíos de fondos, montos millonarios sin destino conocido, años de falta de inversión y serias fallas estructurales en el muelle.
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