Preocupación en las escuelas: investigan amenazas en Ushuaia y el Ministerio Público Fiscal ya registró 24 denuncias en el norte provincial

El Ministerio Público Fiscal interviene por estas horas en una serie de hechos que encendieron la alarma en la comunidad educativa de Tierra del Fuego. En el Distrito Judicial Sur, hasta el momento, se tramitan tres casos iniciados a partir de denuncias realizadas por autoridades de establecimientos educativos de Ushuaia, vinculados con la aparición de inscripciones anónimas de contenido amenazante dentro de edificios escolares. A eso se suma una causa por una amenaza de bomba difundida en redes sociales.

En paralelo, en el Distrito Judicial Norte, el Ministerio Público Fiscal registró durante abril un total de 24 denuncias relacionadas con este tipo de episodios.

Frente a esta situación, se dispusieron distintas medidas investigativas para tratar de establecer el origen de los hechos y determinar las eventuales responsabilidades que pudieran corresponder.

Desde el ámbito judicial advirtieron que este tipo de situaciones provoca una fuerte preocupación en la comunidad educativa y exige una respuesta articulada entre todos los organismos intervinientes, con eje en la protección de estudiantes, docentes y personal escolar. Esa inquietud también fue transmitida por las autoridades del Ministerio de Educación a los fiscales que llevan adelante las actuaciones.

En ese marco, se recordó que las expresiones amenazantes, aun cuando sean anónimas o puedan ser presentadas como una supuesta broma, pueden derivar en intervenciones judiciales. Entre las figuras penales que podrían estar en análisis aparecen los delitos de daño, amenazas anónimas e intimidación pública, previstos en los artículos 183, 149 bis y 211 del Código Penal.

El Ministerio Público Fiscal indicó que continuará interviniendo en las actuaciones policiales iniciadas a raíz de estos hechos, con el objetivo de esclarecer lo ocurrido y requerir ante los juzgados competentes las medidas de protección que resulten necesarias para resguardar a la comunidad educativa, en coordinación con el Ministerio de Educación.