“No debería ocurrir que, para reclamar, se genere daño a los operadores turísticos”

En declaraciones a medios locales, Brisighelli remarcó que, por el momento, la operatoria del puerto se desarrolla con normalidad. “Hasta ahora no hemos tenido ningún problema operativo”, señaló, aunque advirtió sobre el impacto potencial de las medidas de fuerza. “La imagen no me preocupa tanto como las cuestiones prácticas: cómo va a evolucionar esto, cómo seguirá y qué problemas concretos se pueden generar en el puerto. Si mañana terminamos con un piquete de 48 horas que no permite operar, estamos frente a un problema serio”, sostuvo.

En ese marco, fue claro al diferenciar el derecho a la protesta de sus consecuencias. “No tengo problema con que la gente proteste. El tema es cuando los reclamos se transforman en acciones concretas que sabotean la operatoria de personas y sectores que no tienen nada que ver con el conflicto. No debería ocurrir que, para reclamar, se genere daño a los operadores turísticos”, enfatizó.

Brisighelli también cuestionó la escasa información oficial en torno al futuro inmediato del puerto. “No hemos tenido reuniones con nadie ni sabemos qué va a pasar, más allá de la charla de café. Hay poca información fidedigna para dar una explicación seria”, afirmó. A su entender, la intervención es la consecuencia de una situación que se arrastra desde hace años. “Es la forma en la que ha decantado una problemática del puerto de muy larga data. Viene de muchos años de falencias y termina en esta resolución. No tengo idea si es la mejor solución o no”, reconoció.

El dirigente puso el foco en problemas estructurales que, según explicó, nunca fueron resueltos por las distintas administraciones. Uno de los ejemplos más concretos es el sector 3 del puerto. “Ahí amarran barcos. No es de los sectores más utilizados, pero las defensas están destruidas desde hace 25 años. Nunca se repusieron y eso limita seriamente la operatoria. Ninguna administración resolvió ese problema”, describió.

También mencionó el estado del muelle de catamaranes. “Desde hace tiempo se viene cuestionando cómo está. En 2012 una tormenta rompió un muelle y nunca se reparó. Este año, al menos, se desarmó. Estamos perdiendo infraestructura portuaria”, alertó. En ese punto, aclaró que no se trata de responsabilidades exclusivas de la gestión actual. “No son cuestiones atribuibles a esta administración, sino problemas históricos”, subrayó.

En el cierre, Brisighelli volvió sobre un tema sensible que atraviesa el conflicto: el destino de los recursos portuarios. “Hay problemas de larga data que no se solucionan. Una gota no hace nada, pero veinte años de gotitas cuentan otra historia”, graficó. Y añadió: “Indudablemente existe una cuestión con la ley que aprobó la Legislatura, que destinó fondos del puerto a la OSEF. Esa decisión chocaba con el convenio mediante el cual la Nación cede a la Provincia el control del puerto”.

Con ese diagnóstico, el titular de la Federación de Cámaras de Turismo dejó planteada una advertencia clara: mientras no se aborden de manera estructural los problemas históricos del puerto y se evite que los conflictos gremiales paralicen la actividad, el riesgo no será solo operativo, sino también económico para uno de los principales motores del turismo fueguino.