Según las estimaciones del INDEC, la pobreza alcanzó al 25,9% en Ushuaia y Río Grande. Para 2026, el Gobierno provincial presupuestó cerca de $30.000 millones en asistencia alimentaria. Nadie discute que el Estado deba ayudar a quien lo necesita. El problema es cuando esa necesidad se convierte en caldo de cultivo para el puntero de turno, que transforma un derecho en un favor y lo vuelve funcional a sus intereses políticos. Después de décadas de gobiernos de distintos colores, mirar solamente a la Casa Rosada ya no alcanza. La discusión pendiente sigue siendo la misma: reconvertir la industria, diversificar la economía y generar empleo genuino a largo plazo que no dependa de cada vaivén de la política nacional.
