Es probable que la simplificación del tema lo haya llevado al Gobierno de la provincia a pensar que la pandemia estaba resuelta, lo que explica en gran medida la profusa campaña informativa, al principio de la cuarentena, e incluso avanzada la situación, sobre los supuestos resultados exitosos, lo que en cierto modo condujo a pensar que darle participación a “terceros”, hubiera llevado a compartir el podio de los “aciertos”.
Pero para desgracia de nosotros los fueguinos, el escenario imaginado desde las esferas oficiales no es ni por cerca la evolución que ha tenido la crisis que hoy posiciona, dramáticamente a la provincia, en una situación de catástrofe. Y ello no es una mera especulación, ni una calificación alarmista; sino que es el exacto cuadro de situación que muestran las estadísticas provinciales y nacionales.
En efecto, con un acumulado de más de 7.500 contagiados y 85 fallecidos - mis condolencias a las familias - nuestra provincia exhibe los peores porcentajes en relación a la cantidad de habitantes; y si tomamos la incidencia acumulada cuadriplicamos el promedio del país.
Mucho se ha hablado de los pavorosos cuadros de Chaco y Jujuy; ambas consideradas entre las provincias más pobres de la Argentina, y el escenario más temido por el resto de las jurisdicciones. Sin embargo, la desmadrada situación a la que nos han sometido a los fueguinos, supera ampliamente esos parámetros a la que le hemos doblado su tasa de mortalidad y multiplicado por cuatro la tasa de contagios, con el alarmante adicional que la velocidad de duplicación de los afectados excede holgadamente la media del país.
Más allá de los argumentos que puedan intentarse para explicar el desarrollo de la pandemia en Tierra del Fuego, no es difícil concluir que los resultados son extremadamente preocupantes, más aún teniendo en cuenta que vivimos en una isla, alejada de centros poblacionales, con facilidades propias que no tienen el resto de las provincias para realizar control marítimo, aéreo y terrestre, y exhibir el promedio de población más joven del país. Por ello la pregunta surge casi como una obviedad: ¿a dónde vamos?
He propuesto, en reiteradas oportunidades, que se realice una convocatoria amplia a los distintos sectores de la sociedad, y para ser más específico, he sugerido que probablemente el instrumento ideal para tal fin podría ser el CONSEJO ECONÓMICO SOCIAL, que en el marco de la ley de creación y su reglamento, establece un funcionamiento ordenado.
La situación actual requiere sumar todos los esfuerzos posibles. Sin mezquindades. Con un espectro amplio, en el cual converja la sociedad civil, institucional y política, para atacar la crisis COVID-19 y sus efectos derivados sobre la sociedad y la economía. Porque es necesario advertir que estamos lejos de superar este drama universal que ataca la salud, deteriora la economía, empobrece la sociedad y afecta profundamente la espiritualidad.
No es lo mismo tomar decisiones desde el sillón de una sala de situación que hacerlo desde un organismo de participación multisectorial. El poder legítimo ha distribuido competencias que son innegables y que se asienta en la distribución de responsabilidades que establece la Constitución.
Hoy el poder formal no alcanza, porque combatir la pandemia y sus efectos derivados requieren decisiones ágiles y consensuadas, con todo el mosaico que compone una sociedad.
JUAN CARLOS ARCANDO
GOBERNADOR (mc)
