Solicitan Audiencia Pública para efectuar la Revisión Tarifaria Integral en el servicio de gas natural

La Defensoría del Pueblo de la Nación exhortó al Ministro de Energía y Minería de la Nación para que en la mayor brevedad posible convoque a una Audiencia Pública para efectuar la Revisión Tarifaria Integral en el servicio de gas natural, de manera tal de brindar adecuada información a los usuarios y transparentar los costos de las empresas, conocer las inversiones realizadas por las mismas y las razones que pudieran justificar un incremento en las tarifas del servicio público de gas natural.
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Cabe recordar, que por Resolución del Ministerio de Energía y Minería de la Nación Nº 31/16 se instruyó al ENTE NACIONAL REGULADOR DEL GAS (ENARGAS) a que lleve adelante el procedimiento de Revisión Tarifaria Integral previsto en las Actas Acuerdo de Renegociación Contractual Integral instrumentando el mecanismo de Audiencia Pública que posibilite la participación ciudadana.

Al respecto, vinculados con el incremento en la facturación del servicio de gas natural superior, en muchos casos, al 700%, la Institución ha recibido múltiples consultas de distintos usuarios de todo el país. Asimismo, debido a la incidencia de los nuevos cuadros tarifarios de las facturas finales, se están promoviendo múltiples acciones judiciales en el país con el objeto de dejarlos sin efecto, fundamentalmente en la región patagónica.

Si bien se estableció una tarifa social para el servicio, los requisitos para obtenerla resultan más restrictivos que los que se aplicaban con anterioridad repercutiendo en los usuarios que deben soportar los desmesurados incrementos en las tarifas del servicio de gas, recordando también que fueron ajustadas las tarifas del servicio de electricidad, agua potable y cloacas en el ámbito nacional.

Recordemos que los ciudadanos son, a la vez, contribuyentes y usuarios de servicios públicos y por tal motivo es importante conocer al momento de analizar distintas medidas económicas y sociales, su capacidad financiera y contributiva. Es decir, conocer su realidad, cuya crisis se revela con el análisis del nivel de precarización de la calidad del empleo y de los niveles de ingresos de la población ocupada y la de sus respectivos hogares. Así, la Audiencia Pública previa más allá de la obligación legal de convocarla, es estrictamente necesaria.

Los usuarios tienen derecho a acceder a tarifas justas y razonables y a conocer el régimen tarifario en forma previa a su aplicación, y  el art. 4º de la Ley Nº 24.240 establece la obligación del proveedor de informar en forma clara, abierta y detallada todo lo relacionado con las características esenciales de los bienes y servicios que provee y las condiciones de comercialización.

La Audiencia Pública prevista en las leyes regulatorias de los servicios públicos de transporte y distribución de la electricidad y gas, habilita la participación ciudadana en el proceso de toma de decisiones a través de un espacio institucional en el que todos aquellos que puedan sentirse afectados manifiesten su conocimiento o experiencia y presenten su perspectiva individual, grupal o colectiva respecto de la decisión a adoptarse.

Al respecto, debe tenerse presente que el suministro de gas natural resulta un servicio esencial y el Estado, como titular del servicio público, debe arbitrar todos los medios necesarios para garantizar su accesibilidad y continuidad. Sin embargo, los incrementos tarifarios, en una importante cantidad de usuarios, los colocan al borde de la exclusión del servicio; principalmente los que residen en aquellas regiones del país que se hallan expuestas a condiciones climáticas extremas.

A los fines de evitar cortes en la cadena de pagos, como la suspensión del suministro por imposibilidad de abonarlo y ante el creciente proceso de judicialización al que asistimos, el Defensor del Pueblo de la Nación exhortó  al MINISTERIO DE ENERGÍA Y MINERÍA DE LA NACIÓN que a la mayor brevedad posible convoque a una Audiencia Pública para efectuar la Revisión Tarifaria Integral, de manera tal de brindar adecuada información a los usuarios y transparentar los costos de las empresas, conocer las inversiones realizadas por las mismas y las razones que pudieran justificar un incremento en las tarifas del servicio público de gas.

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