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title: "El Ejecutivo Municipal denunció penalmente la ocupación ilegal de terrenos en el barrio El Escondido"
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description: "La Municipalidad de Ushuaia presentó una denuncia penal ante el Juzgado de Instrucción N°3 tras los hechos ocurridos la noche del 17 de octubre, cuando un grupo de personas ocupó ilegalmente terrenos municipales en el sector de Barrio El Escondido y Barrio Esperanza II."
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date_published: "2025-10-21T23:07:00-03:00"
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# El Ejecutivo Municipal denunció penalmente la ocupación ilegal de terrenos en el barrio El Escondido

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La presentación fue realizada por el secretario de Gobierno, César Molina, y el jefe de Gabinete, Sebastián Iriarte, quienes actuaron en representación del Ejecutivo municipal. Ambos funcionarios solicitaron la constitución del Municipio como parte querellante, con el objetivo de acompañar el proceso judicial y aportar toda la documentación y pruebas recolectadas en el lugar.

De acuerdo a la denuncia, los hechos se desarrollaron de manera organizada y coordinada, mediante grupos de mensajería que promovieron el ingreso al predio, el armado de estructuras precarias y el desmonte de sectores del bosque urbano.

Entre las pruebas incorporadas se encuentran audios y mensajes que dan cuenta de la planificación previa de la ocupación, e incluso expresiones de uno de los principales impulsores, Diego Cerroti, quien en las grabaciones se atribuye “ser el dueño de la montaña” y menciona que “estaban calzados”, aludiendo a la posible presencia de elementos destinados a ejercer intimidación.

El Ejecutivo municipal subrayó que la denuncia busca proteger el patrimonio público y preservar el orden urbano, en el marco de una política sostenida de acceso regular al suelo a través de los programas y herramientas que impulsa la Secretaría de Hábitat y Ordenamiento Territorial.

Finalmente, y ante la importancia que como bien social escaso tiene la tierra en la ciudad, el Municipio destacó que los hechos se produjeron a una semana de las elecciones nacionales, y que las personas identificadas en el lugar no registran antecedentes en programas sociales ni figuran en el padrón habitacional vigente, lo que permite inferir que no existía una necesidad real de vivienda.

En ese contexto, se entiende que detrás de la toma podrían existir intereses de otra índole, de carácter político y/o pecuniario, razón por la cual se solicitaron las medidas de prueba correspondientes para esclarecer los hechos y determinar las responsabilidades pertinentes.

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