Para el gobierno, Tierra del Fuego ha sido cercenada en su institucionalidad durante los últimos años

Política 08/06/2016 Por
El ministro de Gobierno, Justicia y Seguridad Gastón Díaz, consideró que el fallo de la Corte Suprema de Justicia de la Nación que ratifica la facultad de invocar el derecho de huelga a los sindicatos regularmente constituidos "pone las cosas en su lugar y claro sobre oscuro en una cuestión que resulta de interés no sólo para el ámbito judicial o jurídico", sino también "para las distintas instituciones públicas y privadas que pretenden vivir en un estado de derecho presente y visible, un estado que brega por el respeto hacia la representatividad, la República y la forma democrática de elegir, tanto a los representantes sindicales como a los representantes del pueblo en el Estado".
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"Por eso es considero que este fallo está en absoluta sintonía con lo que sostiene el Gobierno de esta provincia, respecto de la necesidad de regularizar cada una de las comunidades de intereses sindicales, regularizar digo su forma de organización gremial", agregó el Ministro. 

En este sentido "es que oportunamente se tomó la decisión política de no contar con un Registro de trabajadores agremiados fuera del marco legal, que no es otro que la Ley de Asociaciones Sindicales 23.551, la cual obliga a formalizar la constitución de un gremio ante el Ministerio de Trabajo de la Nación, único titular de un registro de asociaciones sindicales" aclaró el funcionario. 

Díaz sostuvo no obstante que "el agremiarse y ejercer la representación gremial es un derecho constitucional" que al igual que el resto de los derechos "debe ejercerse plenamente, esto es con sus facultades y limitaciones, que no son otras que el respeto por el resto de los derechos consagrados en la Constitución provincial y nacional". 

"Tierra del Fuego ha sido cercenada en su institucionalidad durante los últimos años, y recuperar esa fortaleza institucional no sólo es una transformación real  del Estado, sino que tiene carácter necesario si se gobierna de cara al pueblo, pues esto implica mirar a los ciudadanos no solo con firmeza y legalidad en las decisiones de gobierno, sino también con justicia social, ya que son ellos los destinatarios de la gestión pública. Ese es nuestro horizonte, no puede ser otro", ratificó el Ministro. 

Finalmente, Díaz recordó que "ser todos artífices del bienestar común, pero ninguno instrumento de la ambición de nadie, se dijo ya a mitad del siglo XX".

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